El Estado Mexicano ha trazado diversas metas para lograr un país incluyente.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, fueron aprobados durante la 76° sesión plenaria de la Asamblea General de la ONU, celebrada el 16 de diciembre de 2006 y promulgada en fecha 24 de enero de 2007, en la Sede de Naciones Unidas en Nueva York, y quedaron abiertos a la firma el 30 de marzo del mismo año, motivo por el cual, México adopto dicho tratado el 30 de marzo de 2007, el cual, fue ratificado a través del Senado de la Republica el 27 de septiembre del mismo año, publicándose el Decreto Promulgatorio respectivo en el Diario Oficial de la Federación el 02 de mayo de 2008. En este ordenamiento se reconocen los Derechos Humanos de las personas con discapacidad y se establecen medidas para que el Estado Mexicano lo garantice conforme al enfoque de Derechos Humanos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación.
En fecha 30 de mayo del año 2011, el Presidente de la República en turno, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, a través del Congreso de la Unión, aprobó el decreto por el que se creó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Asimismo, a raíz de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el artículo 1° constitucional amplió el ámbito de protección de todas las personas, al reconocerse no sólo los Derechos Humanos establecidos en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, sino también los previstos en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, como es el caso de la Convención en comento.
En fecha 14 de abril del año 2021 fue publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el Decreto Número 258.- Por el que se expide la Ley para la Inclusión de las Personas en Situación de Discapacidad del Estado de México, entrando en vigor al día siguiente de su publicación; Ley que tiene por objeto promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas en situación de discapacidad, dentro de un marco de respeto, igualdad, dignidad, perspectiva de género y equiparación de oportunidades, para su plena inclusión y desarrollo en todos los ámbitos de la vida.
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